Si intentas encontrar un lugar donde vivir en la Comunidad de Madrid sin que te cueste un riñón, ya sabes cómo acaba la historia: o te resignas a pagar una fortuna o te vas bien lejos. En los últimos 10 años, los precios de la vivienda se han disparado, especialmente en la capital, pero también en los municipios cercanos. No es casualidad ni un capricho del mercado. Es el resultado de una década de dejadez política, de gobiernos que han mirado para otro lado mientras el derecho a la vivienda se convertía en un lujo. Vamos a desgranarlo con datos y a poner el foco donde duele.
El problema de la vivienda en Madrid capital
En 2015, comprar un piso en Madrid ciudad era caro, pero posible. El metro cuadrado rondaba los 2.500-3.000 euros, tras el batacazo de la crisis de 2008. Hoy, en marzo de 2025, la media está en 5.849 euros por metro cuadrado, según las últimas estimaciones de portales como Fotocasa e Idealista. Un piso de 80 metros que hace una década costaba 200.000 euros ahora supera los 400.000. En alquiler, el salto es igual de sangrante: de 10-12 euros por metro cuadrado en 2015 a 20 euros hoy. Es decir, la vivienda ha tenido un incremento del 70-80% que no se explica solo por la oferta y la demanda.
La capital atrae a miles de personas cada año: jóvenes, profesionales, familias extranjeras. Pero la oferta de vivienda no ha crecido al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque el mercado manda y el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han decidido no meter mano. En el centro, 4.800 viviendas han pasado de ser hogares a apartamentos turísticos en 10 años, el 99% de forma ilegal, según el propio consistorio. Mientras, la vivienda pública brilla por su ausencia: 608 pisos asequibles adjudicados en una década frente a 40.000 personas en lista de espera. Esto no es un descuido; es una elección política.
El problema de la vivienda en la periferia de Madrid
Fuera de la capital, la cosa cambia, pero no tanto como cabría esperar. En municipios como Móstoles o Alcalá de Henares, el metro cuadrado ha pasado de 1.200-1.800 euros en 2015 a 2.500-3.000 euros en 2025, un aumento del 50-60%. En zonas pudientes como Boadilla del Monte, el precio roza los 4.519 euros tras subir un 10% solo en 2024. La razón es clara: la gente huye de Madrid ciudad buscando algo asumible, y las buenas conexiones –Cercanías, autovías– hacen el resto.
En pueblos más alejados, como Colmenar de Oreja o Villarejo de Salvanés, los precios son más suaves. En 2015 estaban entre 700 y 900 euros por metro cuadrado; hoy, rondan los 875 y 846 euros, respectivamente. Un alza del 20-25% que parece razonable comparada con la capital, pero que no oculta un problema: incluso aquí, la presión demográfica empieza a notarse. Lugares como Arroyomolinos han multiplicado su población por seis en 20 años. La periferia ya no es el plan B barato de antes.
Una brecha que crece y un modelo que falla
La diferencia entre Madrid y su entorno es abismal. Un metro cuadrado en la capital cuesta hoy 5 o 6 veces más que en Colmenar de Oreja. Hace 10 años, la brecha existía, pero no era tan obscena. Un piso de 100 metros en la ciudad te sale por 585.000 euros; en Móstoles, por 250.000; en Colmenar, por 87.500. La capital se ha convertido en un coto privado para quienes pueden pagarlo, mientras la periferia absorbe a los expulsados por los precios.
¿Y qué ha hecho el poder público? Poco o nada. La Comunidad de Madrid, ha apostado por el laissez-faire: que el mercado se regule solo. El resultado es una región donde la especulación campa a sus anchas –pisos turísticos, fondos buitre, inversores extranjeros– y la vivienda pública es una anécdota. En cuatro años, apenas 6.200 unidades construidas. Comparemos: en Viena, el 60% de la población vive en vivienda social; aquí, ni llegamos al 2%. No es que falten ideas; es que falta voluntad.
Jóvenes y familias al límite
El 52% de los jóvenes madrileños de 18 a 29 años ven la vivienda como su mayor problema. Trabajan, ahorran y nada: seguir en casa de sus padres es la norma. Las familias, mientras, se van al sur –más humilde– o al norte –cada vez más caro–. Proyectos como Madrid Nuevo Norte, con 10.500 viviendas previstas, suenan a esperanza, pero que un tercio sean asequibles no tapa el agujero de una demanda desbocada. En este caos, algunos recurren a servicios profesionales de Personal Shopper Inmobiliario que ayuda a navegar el mercado de venta y alquiler en Madrid. Una solución individual en un mar de desidia colectiva.
Un gobierno que mira para otro lado
La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso presume de crecimiento económico, pero no hay rastro de un plan serio para la vivienda. En cuatro años, solo 6.200 pisos públicos. Nada de regular el alquiler en zonas tensionadas –pese a que la ley lo permite– ni de frenar la especulación. El resultado: un mercado salvaje donde mandan los fondos buitre y los pisos turísticos. El Ayuntamiento de Martínez-Almeida no se queda atrás: más ruido que acción, dejando que el centro se vacíe de vecinos.
El Gobierno central por su parte, también tiene las manos manchadas. La coalición PSOE-Unidas Podemos llegó en 2018 con promesas de vivienda digna. ¿Qué tenemos en 2025? Una Ley de Vivienda de 2023 que llegó tarde, tibia y mal aplicada. Sí, permite limitar alquileres en zonas tensionadas, pero Madrid –donde el 77% de la gente gasta más del 30% de su sueldo en vivienda– sigue sin ser declarada como tal. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no presiona y deja que las autonomías, como la de Ayuso, se salgan con la suya. Y luego está el presupuesto: el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 prometía 100.000 pisos sociales en España, pero a este paso no llegaremos ni a la mitad. En Madrid, el impacto es nulo. Moncloa habla mucho de “escudo social”, pero en vivienda se ha quedado en palabras.
Hacia un callejón sin salida
Madrid es una región partida: los que pueden pagar y los que no. La Comunidad ha elegido la inacción; el Gobierno central, la tibieza. Sin una apuesta decidida por la vivienda pública, sin control real sobre el alquiler y sin atajar la especulación, esto no tiene visos de mejorar. Hace falta coraje político, y de momento, ni en Sol ni en Moncloa parece haberlo. Mientras, los madrileños seguimos pagando el precio de una década perdida.
