En pleno 2025, moverse por la ciudad sigue siendo un reto indignante para miles de personas con movilidad reducida. Aceras intransitables, bordillos insalvables, ascensores fuera de servicio y un transporte público que, pese a las promesas políticas, sigue sin cumplir con los estándares de accesibilidad. No hace falta ir muy lejos para encontrar barreras arquitectónicas que convierten lo cotidiano en una odisea. Y lo más preocupante: muchas de estas barreras llevan décadas ahí, sin que nadie se haya molestado en eliminarlas.
Barreras para la movilidad reducida que no deberían existir, pero siguen ahí
España ha avanzado en accesibilidad, sí, pero lo ha hecho a un ritmo vergonzosamente lento. Según el Observatorio de la Accesibilidad, más del 40 % de las estaciones de tren en España no son completamente accesibles. En las ciudades, muchas calles presentan problemas estructurales que dificultan la movilidad: semáforos sin señales sonoras, ascensores en el metro que dejan de funcionar durante semanas y comercios que siguen sin rampas, incumpliendo la legislación sin ninguna consecuencia real.
Para quienes dependen de una silla de ruedas o un andador, cada trayecto puede convertirse en un calvario. Tomemos un ejemplo cotidiano: una persona con movilidad reducida que necesita ir a su centro de salud. Si el transporte público no está adaptado o la acera es impracticable, la autonomía se esfuma. En un país donde el envejecimiento de la población es una realidad, que sigamos viendo escenas de personas atrapadas en estaciones sin ascensor es indignante.
Las tecnologías eléctricas y la movilidad
Afortunadamente, la tecnología ha permitido que la movilidad personal dé un salto cualitativo. En este punto entran en escena soluciones como las scooters eléctricas y las sillas de ruedas motorizadas. Empresas como TuttiScooter (Tienda de movilidad reducida en Cartagena) han apostado por ofrecer modelos diseñados para mejorar la calidad de vida de sus usuarios, con opciones que permiten moverse con independencia y comodidad. Pero seamos claros: no es la solución definitiva. No basta con ofrecer alternativas tecnológicas si las ciudades siguen estando diseñadas para quienes caminan sin dificultades.
Las scooters eléctricas son especialmente útiles para quienes pueden caminar distancias cortas, pero necesitan apoyo para trayectos largos. Son ágiles, fáciles de manejar y pueden circular tanto en interiores como en exteriores. Por otro lado, las sillas de ruedas motorizadas están diseñadas para quienes requieren un soporte total de movilidad, permitiendo desplazarse sin esfuerzo y con total seguridad. Pero si las calles están llenas de obstáculos, de poco sirve tener el mejor dispositivo de movilidad.
Ayudas públicas para la movilidad reducida
A pesar de los obstáculos, existen algunas ayudas públicas que pueden facilitar la adquisición de scooters eléctricas y sillas de ruedas motorizadas. Estas ayudas varían según la comunidad autónoma y el grado de discapacidad reconocido por la administración pública. Algunas de las principales opciones son:
- Sistema Nacional de Salud (SNS): financia parte del coste de sillas de ruedas eléctricas mediante un reembolso. Para acceder a esta ayuda, es necesario contar con una prescripción médica, comprar el dispositivo en una ortopedia autorizada y presentar la factura correspondiente.
- Subvenciones autonómicas: muchas comunidades autónomas ofrecen ayudas económicas específicas para la adquisición de vehículos de movilidad reducida. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid dispone de programas que financian scooters eléctricas para personas con un grado de discapacidad superior al 33 %.
- Ayudas municipales: algunos ayuntamientos tienen programas locales de apoyo económico para la compra de estos dispositivos, facilitando así la independencia de las personas con movilidad reducida.
Para acceder a estas ayudas, es fundamental informarse en los servicios sociales de la comunidad autónoma correspondiente y presentar la documentación requerida, que generalmente incluye el certificado de discapacidad y la justificación médica de la necesidad del dispositivo.
¿Cuánto más habrá que esperar?
Las soluciones tecnológicas ayudan, pero la accesibilidad sigue siendo una deuda pendiente. No basta con contar con scooters eléctricas si el entorno no está adaptado. Se necesitan políticas públicas eficaces, sanciones contundentes para quienes incumplen la normativa de accesibilidad y un compromiso real de la sociedad.
Ciudades con rampas en cada esquina, transporte 100 % accesible, información clara y adaptada para personas con discapacidad… Todo esto debería ser la norma, no la excepción. Pero no lo es. Y lo peor es que las excusas siempre son las mismas: falta de presupuesto, prioridades políticas, lentitud burocrática. Mientras tanto, iniciativas de empresas privadas siguen marcando la diferencia, permitiendo que miles de personas recuperen su independencia.
Que en 2025 sigamos hablando de barreras físicas y administrativas para personas con movilidad reducida no es solo un problema de accesibilidad. Es una vergüenza. Y si no se actúa con urgencia, lo seguirá siendo durante demasiados años más.
