El Plan Moves III ofrece más de 1.200 millones de euros en ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de recarga.
El paisaje urbano y residencial español está experimentando una transformación silenciosa pero imparable. Donde antes solo veíamos coches de combustión y surtidores tradicionales, ahora aparecen, casi sin darnos cuenta, puntos de recarga para vehículos eléctricos en centros comerciales, garajes privados , supermercados y espacios públicos. Esta revolución, aún en plena expansión, responde tanto a una presión normativa como a una demanda social y empresarial que no deja de crecer.
El impulso es innegable. Según el Barómetro de Electromovilidad de ANFAC, España cerró 2023 con más de 30.000 puntos de recarga públicos, lo que supone un aumento del 27% respecto al año anterior. Sin embargo, el avance, aunque significativo, todavía queda lejos de los estándares europeos. Países Bajos, por ejemplo, suma más de 120.000 puntos y Alemania roza los 100.000. España apenas representa el 3,5% del total de infraestructuras públicas de la Unión Europea, según la Comisión Europea. El reto es evidente: igualar la densidad de la red y acompasar la electrificación del parque móvil.
En España los vehículos eléctricos puros apenas representaron el 5,4% de las matriculaciones totales, frente al 17% de Francia o el 22% de Alemania.
El parque de vehículos eléctricos en nuestro país aún es testimonial. Según datos de la Dirección General de Tráfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en 2023 los vehículos eléctricos puros apenas representaron el 5,4% de las matriculaciones totales, frente al 17% de Francia o el 22% de Alemania, cifras recogidas por la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles). En términos absolutos, de los más de 24 millones de vehículos en circulación, el 6% corresponde a eléctricos o híbridos enchufables.
Uno de los factores que explican este despegue es el Plan Moves III, gestionado por el IDAE. Este programa ha inyectado más de 1.200 millones de euros en ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos y, sobre todo, a la instalación de puntos de recarga tanto en espacios públicos como privados. El éxito de la convocatoria se refleja en cifras: más de 250.000 solicitudes aprobadas solo en el ámbito doméstico y comunitario. Además, la ley facilita desde 2021 la instalación de puntos en garajes de comunidades de vecinos, simplificando los trámites y eliminando vetos. Las deducciones fiscales, sumadas a la obligación de preinstalación eléctrica en edificios nuevos o reformados —al menos en el 20% de sus plazas— según el Real Decreto 450/2022, refuerzan el atractivo de esta apuesta.
El sector privado no se ha quedado al margen. Empresas de todos los tamaños han entendido que ofrecer recarga a empleados y clientes es un factor diferencial. Aquí destaca el papel de compañías especializadas como Solytermia, líder en la instalación de puntos de recarga en Madrid. “El crecimiento de la demanda es exponencial. Hace dos años trabajábamos casi en exclusiva con viviendas unifamiliares, ahora las solicitudes llegan de comunidades de propietarios, empresas y administraciones públicas. El objetivo es claro: facilitar la transición hacia una movilidad eléctrica universal y accesible”, explica un portavoz de la compañía. Solytermia ha desarrollado soluciones llave en mano que permiten a particulares y empresas cumplir con la normativa, optimizar la instalación y reducir los plazos de puesta en marcha.
A pesar de los avances, el despliegue no es homogéneo. La ratio de puntos de recarga públicos por cada 100 km de carretera apenas supera el 2,4 en España, frente a los 12 de Países Bajos o los 8 de Alemania, según el Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos. El desafío es acelerar, tanto en número como en calidad y velocidad de carga, y cerrar la brecha territorial para garantizar la recarga en entornos rurales o interurbanos.
El horizonte, sin embargo, es optimista. Las administraciones han entendido el mensaje, la industria responde y los ciudadanos, poco a poco, lo ven como una opción real y cómoda. Si España mantiene este ritmo y logra simplificar aún más los procedimientos administrativos, la brecha con sus vecinos europeos podría reducirse antes de lo previsto
