Tras la marcha de Ferrovial a Países Bajos, Podemos ha propuesto una ley para que la compañía devuelva el dinero que recibió en ayudas
El partido político español Unidas Podemos ha presentado una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados que busca obligar a las empresas a devolver las ayudas públicas recibidas si deciden trasladar su sede social fuera del país. La norma, conocida como la Proposición de Ley de medidas contra la deslocalización de actividades económicas estratégicas que hayan recibido ayudas públicas, busca establecer un «contrato de permanencia» con aquellas empresas beneficiarias de las ayudas o subvenciones públicas.
En concreto, la norma establece que se considera deslocalización la transferencia o reubicación de una industria, actividad económica o unidad productiva, o cambio de domicilio fiscal o de domicilio social a otro Estado por parte de la misma sociedad de capital o de otra sociedad con la que mantenga cualquier tipo de relación de vinculación, control o dependencia. La medida se aplicaría a aquellas empresas que hubieran obtenido ayudas públicas en los últimos 10 años y que incumplen su compromiso de permanecer en España.
Reforma de la Ley General de Subvenciones
La penalización propuesta por Podemos se introduciría mediante una reforma de la Ley General de Subvenciones de 2003. De esta forma, se sumaría un nuevo supuesto al listado de causas que implican el reintegro de ayudas públicas. Este nuevo supuesto se centra en la deslocalización de una sociedad de capital, industria o unidad productiva, y/o el traslado de su domicilio social o fiscal a otro Estado, dentro de los 10 años posteriores a la concesión de una subvención para fomentar el desarrollo o mantenimiento de actividades estratégicas, o la realización de inversiones de carácter industrial, o para la internacionalización, la mejora de la competitividad, la digitalización o para el mantenimiento de la actividad económica.
El procedimiento de reintegro se iniciaría de oficio por parte de la administración competente, por iniciativa propia, orden superior, petición razonada o denuncia, así como en consecuencia de un informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en este sentido.
Esta iniciativa ha sido presentada en medio de la controversia generada por el anuncio de la compañía Ferrovial de trasladar su sede social de España a Países Bajos. Unidas Podemos ha manifestado su oposición a esta medida y ha solicitado a la empresa que reconsidere su decisión.
Fuente: Expansión
