Descubrir una infidelidad a través de un detective privado es una opción que muchas personas en España consideran cuando las sospechas se hacen insoportables. Pero, ¿es legal contratar a un profesional para seguir a tu pareja? Y lo más importante, ¿hasta dónde pueden llegar sin vulnerar la privacidad del investigado? Vamos a aclararlo.
La delgada línea entre investigar y espiar
Contratar a un detective para investigar a tu pareja es perfectamente legal en España, siempre que se respeten los límites que impone la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Según esta normativa, los detectives privados pueden llevar a cabo investigaciones cuando exista un interés legítimo por parte del cliente. En un caso de infidelidad, esto suele cumplirse si la persona afectada está casada o tiene vínculos legales con el investigado.
Sin embargo, y aquí está el matiz importante, el detective no puede invadir la privacidad del sujeto. Esto significa que no puede grabar dentro de su casa, leer sus mensajes, pinchar su teléfono o rastrear su ubicación con dispositivos de geolocalización sin su consentimiento. Hacerlo podría acarrear graves consecuencias legales, tanto para el detective como para la persona que contrata sus servicios.
Qué pueden hacer los detectives
Los detectives privados trabajan dentro de un marco legal que les permite recopilar información en espacios públicos, donde no existe una expectativa razonable de intimidad. Esto incluye:
- Seguimientos en la calle: observar al investigado en lugares abiertos o en locales accesibles al público.
- Fotografías y vídeos: siempre que se tomen en espacios donde cualquier persona podría verlo.
- Observaciones sobre comportamiento y rutinas: como documentar encuentros con otras personas en sitios públicos.
- Investigación de redes sociales: analizando perfiles abiertos o publicaciones públicas en Internet.
Cualquier información obtenida a través de estos métodos es válida y puede utilizarse en procedimientos judiciales, por ejemplo, en casos de divorcio o custodia.
Qué no pueden hacer
La lista de prohibiciones es clara y contundente:
- Grabar en lugares privados: si el detective capta imágenes dentro de una vivienda, hotel o cualquier espacio privado sin autorización, esas pruebas son ilegales.
- Interceptar comunicaciones: no se pueden escuchar llamadas, leer mensajes o acceder a correos electrónicos ajenos sin consentimiento.
- Colocar micrófonos o cámaras ocultas en propiedad privada: esto supone un grave delito contra la intimidad.
- Usar GPS sin permiso: si el investigado no ha dado su consentimiento, rastrear su ubicación es ilícito.
Si un detective privado incumple alguna de estas normas, no solo perderá la validez de las pruebas obtenidas, sino que podría enfrentarse a sanciones legales.
Cuánto cuesta contratar un detective para infidelidades
El precio de una investigación por infidelidad en España varía según la duración, la ubicación y la complejidad del caso. Las tarifas suelen oscilar entre 30 y 80 euros por hora, con un mínimo de horas contratadas por servicio. Un seguimiento básico puede rondar los 700 a 1.200 euros, aunque si la investigación se prolonga o requiere desplazamientos, el precio puede aumentar.
En ciudades como Madrid o Barcelona, los costes suelen ser más altos debido a la demanda y al mayor coste de vida. Algunas agencias ofrecen presupuestos cerrados para evitar sorpresas, algo recomendable para quienes buscan claridad desde el principio.
¿Sirve contratar un detective privado en estos casos?
Depende del objetivo. Si lo que se busca es una confirmación personal, puede ser una solución efectiva. Si la idea es presentar pruebas en un juicio de divorcio, también es posible, pero hay que asegurarse de que las pruebas se obtienen dentro del marco legal.
Lo más importante es contratar a un detective con licencia oficial y con experiencia en estos casos, para evitar que las pruebas sean desestimadas por los tribunales o, peor aún, incurrir en un delito sin saberlo.
En definitiva, es legal contratar un detective para investigar una infidelidad, pero siempre dentro de los límites que marca la ley. Porque cuando se trata de privacidad, hay una línea que no se puede cruzar.
