La mayoría conservadora se hace con el Tribunal Constitucional y acepta seis a cinco las medidas propuestas por el PP
Por primera vez en la historia democrática española, el Tribunal Constitucional (TC) paraliza una reforma legal aprobada por el Congreso de los Diputados.
Debito al voto de los dos magistrados, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, cuyo mandato ha vencido, el Tribunal Constitucional no será renovado y estos magistrados, supuestamente imparciales, mantendrán su puesto de privilegio intacto.
Usurpación del Tribunal Constitucional
Tanto Trevijano como Narváez se han saltado la ley y los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de lleno.
Como bien indica el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez debe abstenerse de una votación si tiene un “interés directo o indirecto” con la consecuencia de la votación.
En este caso, la votación iba destinada a renovar los cargos de Trevijano, como presidente del TC, y de Narváez, como magistrado. Y teniendo en cuenta que Trevijano cobra 13.300 euros al mes y Narváez 11.973 euros al mes, esta votación les afectaba de lleno.
Además, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece el “derecho a un juez imparcial”, y cuando tu puesto de trabajo está en juego evidentemente esa imparcialidad no puede existir.
Por otro lado, un juez nunca puede votar algo en el que el afectado sea el mismo. Pero en este caso se ha hecho. Esto ha sido posible gracias a una estrategia política del PP que ha lanzado una votación consistente en votar si la recusación de la renovación del Constitucional se debía tramitar. Es decir, en vez de votar la recusación en sí, el PP lanzó previamente una propuesta en la que se votaría si esa recusación se debía tramitar o no. Y como los magistrados sabían que si la recusación salía adelante se iban a la calle, pues votaron a favor de las medidas cautelarísimas del PP para que el proceso no saliese adelante.
Por último, el poder judicial se ha enfrentado al poder político, que representa la soberanía popular, y ha paralizado una reforma legal que se había aprobado previamente en el Congreso de los Diputados y que todavía estaba en tramitación.
Fuente: ElDiario.es
